Las novedades fiscales en materia de discapacidad en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021

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Por Miguel Cruz Amorós

Patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad

 

Finalmente se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado, contenedor habitual de normas tributarias sobre la base de las autorizaciones contenidas en las leyes de los diferentes tributos del sistema tributario. La discapacidad ha podido beneficiarse en diferentes ocasiones de este instrumento legislativo, ágil y flexible, para la solución o mejora de diferentes problemas y aspectos relacionados con ella.

Así, como último precedente, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, introdujo modificaciones para reducir la tributación de los trabajadores de renta más baja y de los contribuyentes que soportan mayores cargas familiares -tales como mujeres trabajadoras, familias numerosas o personas con discapacidad- ampliando sus deducciones. En concreto, en relación con las deducciones por personas con discapacidad a cargo, las modificaciones ampliaban los supuestos de aplicación de la deducción, al incluirse al cónyuge no separado legalmente cuando éste sea una persona con discapacidad que dependa económicamente del contribuyente.

Las prórrogas de los últimos años, sin embargo, han interrumpido esta dinámica -y no es que no haya insuficiencias que resolver-, sin que la nueva Ley haya recuperado la tendencia, pues en el Apartado VII relativo a las normas tributarias no se contemplan medidas relativas a la fiscalidad de las personas con discapacidad.

No obstante, cabe mencionar algunas cuestiones tratadas por la nueva Ley de Presupuestos de clara relación con la discapacidad.

En primer lugar, la disposición adicional sexagésima sexta del Proyecto, en relación con las Actividades prioritarias de mecenazgo, por la que en virtud del artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo, durante la vigencia de estos presupuestos se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo, entre otras, las siguientes:

  • “18ª. Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE del Perro Guía en el marco del Proyecto 2021-2022 “Avances para la movilidad de las personas ciegas asistidas por perros guía”.
  • 19ª. Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE en el marco del Programa de Becas “Oportunidad al Talento”, así como las actividades culturales desarrolladas por esta entidad en el marco de la Bienal de Arte Contemporáneo, el Espacio Cultural “Cambio de Sentido” y la Exposición itinerante “El Mundo Fluye”.
  • 20ª. Las llevadas a cabo por la ONCE en el marco de la organización del “World Blindness Summit Madrid 2021” que se celebrará los días 21 al 26 de mayo del 2021”.

Especial mención merece el mantenimiento de las reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad que alcanzan a sus familiares, a pesar del recorte experimentado por el régimen general de reducciones por aportaciones a planes de pensiones que han pasado de 8.000 a 2.000 Euros.

De esta manera y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 53 de la LIRPF – Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad-, las aportaciones realizadas a planes de pensiones a favor de personas con discapacidad con un grado de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 por ciento, psíquica igual o superior al 33 por 100, así como de personas que tengan una incapacidad declarada judicialmente con independencia de su grado, podrán ser objeto de reducción en la base imponible con los siguientes límites máximos:

  • 24.250 euros, si es el propio beneficiario.
  • 10.000 euros, entre todos sus familiares (límite independiente de las aportaciones a sus propios planes).
  • 24.250 euros, en caso de aportaciones conjuntas (partícipe con sus familiares).

Las mismas reducciones recogidas en dicho artículo se contemplan en el artículo 54, en relación con la Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.

Por otro lado, y tal y como se recoge en la modificación del artículo 52 de la LIRPF, el nuevo límite de 2.000 euros se incrementará en 8.000 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales, de tal manera que el límite conjunto de reducción (aportaciones del partícipe y de la empresa) se amplía de 8.000 euros a 10.000 euros, lo cual puede beneficiar también a la discapacidad.

En definitiva, y tal y como apuntamos con anterioridad, la Ley de Presupuestos mantiene el actual sistema de  reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad, lo que es una buena noticia para todo el sector, que se ha librado de las regresiones generales del resto de contribuyentes.

A partir de aquí es de desear que se recupere el desarrollo de las medidas fiscales necesarias para la compensación del esfuerzo económico complementario que produce la discapacidad que, como generalmente se acepta, afecta la capacidad contributiva de las personas con discapacidad.