Propuestas en materia de fiscalidad de las personas con discapacidad y sus familias para su consideración ante la próxima reforma tributaria

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Las personas con discapacidad en España constituyen un sector de población relevante desde el punto de vista demográfico y social, al que los poderes públicos, deben prestar especial atención en virtud de lo previsto en el artículo 49 de la Constitución Española. En dicho artículo se prevé que los poderes públicos tendrán que realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, debiendo ampararlas especialmente para el disfrute de los derechos que se regulan en nuestra Carta Magna.

Este acción más intensa se debe ver reflejada también en la política fiscal en la cual, desde hace tiempo, se ha venido teniendo en consideración, a la hora de incorporar y modificar medidas de índole tributaria, la menor capacidad económica, y por tanto contributiva – que es la variable fundamental sobre la que ha de girar la política fiscal-, de las personas con discapacidad y sus familias.

Así, a lo largo de estos últimos años, la discapacidad ha sido uno de los sectores a los que el Legislador ha prestado progresiva atención, por entender que requieren de especial protección. La relevancia de la discapacidad es fundamental en sociedades maduras, de edades avanzadas y con larga esperanza de vida como es la española, por lo que la fiscalidad tiene la oportunidad de mostrar su lado más justo o equitativo teniendo en cuenta las características y necesidades de las personas con discapacidad o de las organizaciones surgidas para darles respaldo y promover y favorecer su inclusión social.

El Legislador ha dado prueba de su interés por realizar políticas fiscales que tengan presentes a las personas con discapacidad de manera favorable, y ello en cumplimiento tanto de lo previsto en el artículo 49 de nuestro Texto Constitucional, que es la base para las políticas que han de emprender las Administraciones Públicas, entre las que se encuentra sin duda la Administración Tributaria, como en el amplio sentir social que se ha desarrollado en la sociedad española acerca de la necesidad de incluir de manera efectiva en todos los órdenes de la vida social a un grupo largo tiempo discriminado.

No obstante lo anterior, hay que señalar que si bien en las últimas legislaturas se ha mejorado de manera apreciable la situación de la fiscalidad de las personas con discapacidad, y de sus familias, es necesario seguir proponiendo medidas de mejora, ya que como iremos viendo a lo largo de este estudio/propuesta quedan muchas cuestiones por resolver en la fiscalidad que afectan directa o indirectamente a la discapacidad.

DERECHO FISCAL ESPECIAL DE LA DISCAPACIDAD

Como idea básica, se hace necesario el desarrollo del Derecho Fiscal de la Discapacidad desde los principios del Derecho de la Discapacidad, modelando los objetivos fiscales tradicionales de suficiencia y crecimiento económico con los de equidad y justicia social, adecuados a la afectación de la capacidad económica contributiva que produce la discapacidad. La falta de fundamentación unitaria produce avances irregulares, por lo que propugnamos un Derecho especial que, desde fundamentos propios, impulse un desarrollo efectivo y estable de las medidas fiscales compensatorias que requiere el sobrecoste derivado de la discapacidad.

Lo importante, en definitiva, es admitir que el Derecho Fiscal contemporáneo sirve no solo a la suficiencia y al crecimiento económico, sino también a la cohesión, a la equidad y a la justicia social.

Debemos entender la fiscalidad de la discapacidad en un sentido amplio -no necesariamente ligado a los beneficios fiscales en los diversos tributos-, sino también conectada con el gasto público como proveedor de recursos públicos que faciliten y favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad. Esto convierte a la discapacidad en interesado por las pérdidas derivadas del abuso fiscal, que reducen más que proporcionalmente, el gasto promedio en salud, discapacidad, autonomía personal y atención a la dependencia.

En cualquier caso, no debería permitirse que la actual situación socio-económica, derivada de la pandemia, congele el progreso del Derecho Fiscal de la Discapacidad, como consecuencia de los cambios de prioridades que ya hemos visto en otras ocasiones, sino que debería ser al contrario, por los efectos de ampliación o de intensificación de las discapacidades que se están observando por efectos del coronavirus.

CUESTIÓN PROBLEMÁTICA

El conocimiento del sobreesfuerzo económico que las personas con discapacidad y sus familias realizan, es un elemento imprescindible a la hora de justificar la consideración por parte de la política fiscal de la realidad de la discapacidad.

Es decir, se hace necesario tener en consideración a la hora de incorporar y modificar medidas de índole tributaria, la menor capacidad económica, y por tanto contributiva – que es la variable fundamental sobre la que ha de girar la política fiscal-, de las personas con discapacidad.

Por ello, el sistema tributario no puede dejar de tomar en consideración la menor capacidad económica de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, debe tener en cuenta la llamada función extrafiscal del tributo, reconocida en el art. 2.1, segundo párrafo, de la Ley General Tributaria, con el objetivo de lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en el entramado social, colocándola en posiciones de igualdad como ordena el art.49 de nuestra Constitución.

Efectivamente, la capacidad contributiva de las personas con discapacidad requiere considerar una serie de cuestiones y, principalmente, lo que se ha denominado “efecto sobrecoste”, o sea, el hecho de que las personas con discapacidad asumen unos costes extraordinarios en su vida diaria, lo que disminuye sus condiciones y su calidad de vida. A ello habría que añadir que las oportunidades laborales de las personas con discapacidad son más reducidas, y con menores salarios, cuando las tienen, lo que suele traducirse en unos ingresos promedio menores.

En este sentido, y aunque la determinación cuantitativa precisa del “efecto sobrecoste” no es fácil por la pluralidad de formas de discapacidad y la distinta intensidad de la afectación dentro de cada una de ellas, la Universidad Carlos III de Madrid ha cuantificado la menor capacidad económica producida por los gastos necesarios para atender la discapacidad en el “Estudio del agravio comparativo económico de las personas con discapacidad”, Jiménez Lara y Huete García, 2011, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad – en el que se establece que las personas con discapacidad y sus familias deben hacer frente a un gasto extraordinario como consecuencia de su discapacidad.

Así, el gasto monetario directo mensual por hogar ocasionado por la discapacidad en los hogares que declaran gasto por ese motivo asciende, de acuerdo con la información proporcionada por la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) 2008, a 2.874 euros. Dicha cantidad supone el 9 por ciento del gasto anual medio por hogar, cifrado para 2007 por la Encuesta de Presupuestos Familiares en 31.953 euros.

Más recientemente, en un informe de la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Plena Inclusión, antes FEAPS), “El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia en España 2014”, se realizó un análisis de los costes y del sobresfuerzo económico que han de asumir las familias, en términos de tiempo, dinero y recursos, para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse en su día a día, y desarrollar su proyecto de vida dignamente.

De esta manera, el sobreesfuerzo realizado por las familias, que siguen asumiendo un papel crucial en la calidad de vida de las personas con discapacidad, tiene su fundamento, entre otras, en las siguientes razones:

  • Menores ingresos de las personas con discapacidad, que tienen que dedicar un tiempo extra a atender sus necesidades y ven limitadas sus posibilidades de obtención de empleo y de generación de ingresos. Por ello, la renta de las personas con discapacidad suele encontrarse por debajo de la renta media del conjunto de la población.
  • Costes específicos derivados de la propia discapacidad. Existe un aumento de los costes en farmacia, transporte, ocio, cuidados, que puede alcanzar los 2.609 euros en aquellas personas con mayores necesidades de apoyo, tal y como se analizó en el Informe de Plena Inclusión (antes FEAPS).
  • Establecimiento del copago de servicios sociales. Establecido en algunas comunidades autónomas en aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

Este sobreesfuerzo –año a año–, incide en la pérdida de capacidad adquisitiva, ocasionando una situación de empobrecimiento que en muchos casos pone en grave riesgo de exclusión social a muchas de estas familias, lo que impide que muchas personas con discapacidad puedan desarrollar un proyecto de vida adecuados, análogos al de resto de personas sin discapacidad.

Dicha situación se vuelve mucho más crítica cuando nos encontramos ante la necesidad de obtener ayuda de una tercera persona, o ante una situación de gran necesidad de apoyo para la autonomía personal.

Así, y como se recoge en el “Estudio del agravio comparativo económico de las personas con discapacidad”, las personas con discapacidad, para dar adecuada cobertura a las necesidades de apoyo y cuidados derivadas de su situación, suelen acudir al cuidado familiar no retribuido.

De acuerdo con los datos de la EDAD, más de un millón y medio de personas con discapacidad reciben diariamente cuidados personales, proporcionados en la gran mayoría de los casos (más del 85 por ciento) por sus propios familiares, pudiendo estimarse el número total de horas de cuidados familiares prestadas anualmente a las personas con discapacidad en unos 5.600 millones – el equivalente a 3,1 millones de puestos de trabajo a jornada completa.

Por ello, una parte importante de los costes adicionales que se derivan de la discapacidad no tienen una expresión monetaria directa, y es que resulta evidente que los familiares que prestan esos cuidados soportan un importante coste de oportunidad, pues el tiempo que ocupan en atender a sus familiares con discapacidad no pueden dedicarlo a otras actividades que podrían contribuir a elevar el ingreso actual del hogar, si ese tiempo se dedicara a realizar una actividad laboral retribuida.

En virtud de lo expuesto, se hace necesario considerar, en todos los órdenes regulados, los gastos e inversiones en que incurren estas personas y sus familias, ya que, de no ser así, estaríamos ante una profunda situación de desigualdad, colocando a estas personas en una posición económica inferior al resto.

Dicho grupo social no puede participar en la economía global si no tiene suficientes ingresos y está demostrado que una sociedad inclusiva necesita que todas las personas participen de ella, siendo necesario una mejora de su situación económica, y poder, así, optar a una vida independiente en igualdad de oportunidades.

En definitiva, no puede obviarse que las personas en situación de discapacidad necesitan aumentar su poder adquisitivo, para lo cual el papel de la fiscalidad resulta crucial.

CUESTIONES PENDIENTES

No pretendemos agotar -no es el momento- el desarrollo de las medidas necesarias para conseguir la adecuación definitiva del sistema tributario a las necesidades y circunstancias de la discapacidad, pero consideramos útil ilustrar a la Comisión con algunos de los vacíos y carencias más significativas e inmediatas en los distintos tributos.

  1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

No cabe duda de que el IRPF es el tributo de mayor impacto en el grupo de las personas con discapacidad, ya que tiene como objeto el gravamen de los distintos tipos de rentas que, calificadas por las normas contenidas en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), sean obtenidas por personas físicas.

Asimismo, el IPRF es el tributo que ha recogido mejor la filosofía y los principios de un Derecho Fiscal de la Discapacidad determinado por la capacidad contributiva y la finalidad de inclusión global de las personas con discapacidad. Probablemente contribuye a ello su naturaleza de impuesto personal de carácter general de las personas físicas en el que es casi resulta natural traducir las conclusiones sobre el coste de la discapacidad y las circunstancias particulares de las personas con discapacidad.

No obstante, y a pesar de que el IPRF, con algunas debilidades, responde a las demandas de un Derecho Fiscal de la Discapacidad con personalidad propia, se pueden identificar en el mismo áreas de mejora en varios aspectos:

  • Actualización del mínimo por descendientes y por ascendientes y actualización de las normas comunes para la aplicación del mínimo del contribuyente y por descendientes, ascendientes y discapacidad.

La Ley del Impuesto regula los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad, mínimos que fueron actualizados y mejorados en la reforma tributaria llevada a cabo en la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, que reforma, entre otros, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

No obstante lo anterior, la norma obvió la actualización de las condiciones para la aplicación del mínimo, condiciones que no han sido actualizadas desde el año 2009, lo que está dificultando a los contribuyentes aplicar el citado mínimo.

Por ello sería conveniente una actualización al alza de estas condiciones, que además van ligadas a la aplicación de la nueva deducción por familia numerosa o personas con discapacidad a su cargo.

  • Reintroducción de la Deducción por obras de la vivienda habitual para aquellos casos en que los contribuyentes, o las personas que convivan con él, sean personas con discapacidad.

Anteriormente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establecía una deducción ligada a las personas con discapacidad, que se contemplaba para aquellos casos en que los contribuyentes, o las personas que convivan con él, sean personas con discapacidad y, por causa de esta circunstancia, se realicen obras de adecuación de la vivienda habitual.

Debido a la coyuntura económica que ha rodeado a las últimas legislaturas, esta deducción, junto con la de adquisición por vivienda habitual aplicable a todos los contribuyentes, fue suprimida con efectos desde el 1 de enero de 2013.

La derogada deducción contemplaba la deducción por obras de adecuación en la vivienda habitual, incluidos los elementos comunes del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pública, necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial y cognitiva de las personas con discapacidad, y realizadas con el fin de facilitar un desenvolvimiento digno y adecuado.

Esta deducción es especialmente relevante para las personas con discapacidad, ya que contribuye a minorar la carga económica derivada de la necesaria adaptación de las viviendas a las situaciones de discapacidad de las que viven en ella, motivo por el que se solicita su reintroducción.

Por ello, consideramos que las obras de rehabilitación y adecuación en la vivienda habitual, incluidos los elementos comunes del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pública, y necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial y cognitiva realizadas con el fin de facilitar el desenvolvimiento digno y adecuado de las personas con discapacidad, han de ser especialmente incentivadas.

De esta manera, y a pesar de las modificaciones legales realizadas en la Ley de Propiedad Horizontal, subsisten déficits de normativa que dificultan que personas con discapacidad  puedan entrar y salir en igualdad de condiciones con sus vecinos de sus hogares, ya que hay comunidades de propietarios que no sufragan el coste de las reformas que requieren muchos edificios para eliminar las barreras arquitectónicas, comunicacionales y cognitivas, por lo que la adaptación de las viviendas a las situaciones de discapacidad sigue siendo una cuestión pendiente.

Asimismo, la deducción también contaba con un tramo autonómico que resultaría necesario regular.

En definitiva, la reintroducción de esta deducción contribuiría sin duda a que las personas con discapacidad cuenten con más posibilidades de acceder a una vivienda debidamente adaptada a sus necesidades.

  • Reintroducción de la Deducción por alquiler de la vivienda habitual para aquellos casos en que los contribuyentes, o las personas que convivan con él, sean personas con discapacidad.

Tal y como se ha expuesto hasta ahora, resulta evidente que, con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el sistema tributario puede atender a las personas con discapacidad en una cuestión tan importante como es el acceso a la vivienda.

Así, y al igual que sucedió en el caso de la deducción por adquisición de vivienda habitual, también se decidió eliminar, con efectos desde el 1 de enero de 2015, la deducción por arrendamiento de vivienda habitual.

Si bien esta medida no tenía referencias expresas a las personas con discapacidad, se considera conveniente presentar una propuesta de reintroducción de la deducción por arrendamiento de vivienda para que esta pudiera seguir siendo aplicada por las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por 100, con independencia de su nivel de renta, y ello porque, como generalmente sabido, la discapacidad supone un esfuerzo económico adicional para la persona con discapacidad y sus familiares.

  • Introducción de una exención automática de las becas públicas y de las becas concedidas por entidades sin fines lucrativos, en el caso de que los beneficiarios sean personas con discapacidad.

La educación es uno de los pilares básicos con los que sin duda se impulsa la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, preparándolas para su inserción en el mercado laboral.

Desde el ámbito de las políticas públicas, y entre ellas la tributaria, se hace necesario, pues, tomar medidas que favorezcan este ámbito esencial.

Así, consideramos que en caso de que los perceptores sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento, y puesto que este grupo ha de hacer frente a sobrecostes económicos en su vida diaria, la exención de las becas públicas y las otorgadas por entidades sin fines lucrativos ha de ser automática, sin necesidad de cumplir con todos los requisitos que se prevén en la Ley y en el Reglamento.

  • Reintroducción de la reducción aplicable del 50 % a las prestaciones percibidas en forma de capital por las personas con discapacidad, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.

El ahorro y la planificación a futuro de la situación patrimonial de las personas con discapacidad es una de las cuestiones que más preocupan en estos momentos, tanto a las propias personas con discapacidad, como a sus familias.

Y es que, debido al incremento de la esperanza de vida, y a los constantes avances científicos, cada vez son más los casos en los que las personas con discapacidad prolongan su existencia, debiendo dotarse, por tanto, a este sector de métodos de ahorro efectivos que les procuren un futuro digno, lo que redundaría, además, en menores costes globales de atención social directa en el futuro.

Por ello resulta del todo necesario otorgar a los instrumentos existentes para el ahorro de una fiscalidad consecuente con sus necesidades económicas, dotando de seguridad jurídica a las personas con discapacidad y a sus familias, de manera que les permita planificar de forma adecuada y segura el futuro.

En este sentido, y en lo que a los sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad se refiere, el Legislador incluyó una reducción para las percepciones que se perciban en forma de renta – regulados en el artículo 53 y en la Disposición Adicional Décima de la LIRPF.

No obstante, lo anterior, se echa en falta una regulación favorable desde el punto de vista fiscal en el caso de que las percepciones se perciban en forma de capital, cuestión de vital importancia entre las personas con discapacidad, ya que no es extraño que debido a una intensificación de su discapacidad se opte por percibir los rendimientos en forma de capital. Máxime cuando dicha regulación favorable ya se había contemplado previamente en el ordenamiento jurídico-tributario.

En este contexto, no cabe duda de que la supresión acaecida en relación con los coeficientes reductores sobre los rendimientos obtenidos en forma de capital no encuentra justificación alguna en el caso de los Planes especiales de personas con discapacidad.

  • Patrimonio protegido

Con el objetivo de favorecer su aplicación práctica, esta figura del patrimonio protegido necesita una reforma, ya que, a pesar de estar cargada de buenas intenciones, no llega a resolver el problema social que pretende y su vacío aplicativo es casi absoluto.

Por eso, se estiman convenientes los siguientes cambios en la misma:

  • Ampliación del ámbito de aportantes al patrimonio protegido de las personas con discapacidad.

El patrimonio protegido de las personas con discapacidad se configura como una de las fórmulas elegidas por el Legislador para dotar a estas, y a sus familias, de instrumentos jurídicos con los que prevenir su futuro.

Por ello se considera que una de las medidas incentivadoras del uso de esta figura sería la ampliación del ámbito de aportantes a cualquier persona con interés en ello, con independencia de su grado de parentesco, y ello con el fin de incentivar las aportaciones a estos patrimonios.

  • Introducción de una exención, sin límite de las rentas generadas por los patrimonios protegidos.

Consideramos que resulta necesario que, desde el punto de vista fiscal, el patrimonio tenga capacidad de generar rentas cuyo único fin tiene que ser la satisfacción de las necesidades vitales de las personas con discapacidad.

Para ello, resultaría adecuado declarar exentos de tributación los rendimientos derivados de las aportaciones a patrimonios protegidos, con el fin de desfiscalizar esta masa patrimonial hasta que se destine a la satisfacción de las necesidades vitales de los beneficiarios. De esta manera las personas con discapacidad gozarían de mayor renta disponible con posibilidad de generar rendimientos.

Asimismo, en aras a desfiscalizar las aportaciones realizadas a los patrimonios protegidos, se considera oportuno que estas no tributen en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, lo cual supone un coste en muchos casos que frena su constitución.

  • Tributación como rendimientos del capital mobiliario de las rentas generadas por los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, cuando estas se destinen a la satisfacción de las necesidades vitales de las personas con discapacidad.

El tratamiento fiscal de las disposiciones de bienes y/o derechos aportados al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, desde la entrada en vigor de esta figura, viene siendo objeto de interpretaciones y cambios en la regulación sustantiva.

Así, teniendo en cuenta que las rentas generadas es uno de los aspectos clave de la fiscalidad de esta figura, y con el fin de dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes, conviene dejar claro su tratamiento fiscal.

Por ello, se considera oportuno un tratamiento consistente en la exención de las rentas que se generen durante la vida del patrimonio hasta tanto se destinen a la satisfacción de las necesidades vitales de sus beneficiarios, y, una vez se disponga de ellos, que estas tributen como rendimientos del capital mobiliario -con una reducción de los primeros 40.000 euros-, por entenderse que este importe debería estar destinado a cubrir las necesidades vitales de las personas con discapacidad.

  1. Impuesto sobre Sociedades (IS)

Las legislaturas anteriores dejaron una profunda reforma de las deducciones, lo que había supuesto la eliminación progresiva de la mayor parte de ellas, salvo, y en lo que a las personas con discapacidad se refiere, la deducción por creación de empleo de trabajadores con discapacidad y la deducción por investigación y desarrollo -la cual contiene dentro de su definición una mención en cuanto a las personas con discapacidad.

Sin duda, el Impuesto sobre Sociedades se configura como una figura muy adecuada para incentivar a los empresarios a la contratación de personas con discapacidad y, por tanto, en la mejora de las condiciones de vida de estas y sus familias.

Así, entendemos que el Legislador debería valorar la conveniencia de los siguientes incentivos fiscales, con el fin de incentivar la contratación de las personas con discapacidad:

  • Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica: inclusión de especificidad relativa a la discapacidad en el concepto de actividad de innovación tecnológica.

En primer lugar, es preciso tener en consideración que la oferta de productos accesibles es claramente deficitaria.

Históricamente, la cadena de negocio se ha centrado, y sigue centrándose, en el producto, más que en los consumidores y sus necesidades reales.

Así, y a pesar de que dichos productos son habituales en todos los hogares, no siempre están diseñados para un uso sencillo por parte de las personas con discapacidad.

De esta manera, no cabe duda de que el sector de las personas con discapacidad sufre dificultades complementarias en el uso de productos habituales, por lo que se hace necesario estimular una mayor oferta inclusiva.

Precisamente en el estudio “El mercado potencial de las personas con discapacidad en España: Oportunidades para la creación de valor compartido”, realizado por Fundación ONCE en colaboración con Esade Business School y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), se concluyó que: “Las personas con discapacidad suponen para las empresas una oportunidad real de negocio si atienden sus necesidades con una oferta de productos y servicios diseñados con criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.”

Por ello, a nuestro juicio, puede utilizarse la herramienta fiscal para estimular el diseño con criterios de accesibilidad en la fabricación, y mejorar, así, la calidad de la oferta mediante la competencia entre productores o emprendedores interesados por este sector.

La deducción contenida en el artículo 35 de la Ley del Impuesto prevé, dentro del concepto de investigación y desarrollo, un supuesto relacionado con las personas con discapacidad.

Sin embargo, el Legislador no ha contemplado ninguna especificidad relativa a la discapacidad en el concepto de actividad de innovación tecnológica.

Por ello, consideramos oportuno que se incluya, dentro de su definición, que se considerará como innovación tecnológica un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes, o un avance tecnológico que permita mejorar su utilización y su accesibilidad por parte de personas con discapacidad.

 Y es que el uso de las nuevas tecnologías con el objeto de facilitar un modelo accesible a diferentes tipos de productos ha de configurarse como uno de los pilares básicos de la inclusión en la sociedad las personas con discapacidad, por lo que resulta evidente que desde los Poderes Públicos ha de incentivarse la transformación y la realización de esfuerzos en este campo.

  • Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica: eliminación del requisito de realización de las actividades sin ánimo de lucro.

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades, en su artículo 35.1 a) último párrafo, que regula el concepto de investigación y desarrollo, incluyó el requisito de que esta actividad ha de realizarse sin fin de lucro (el tenor literal del artículo señala que “se asimilará a este concepto el software destinado a facilitar el acceso a los servicios de la sociedad de la información a las personas con discapacidad, cuando se realice sin fin de lucro”) tratándose de personas con discapacidad.

Este requisito relativo a la carencia de ánimo de lucro produce una discriminación sin fundamento, ya que aquellos sujetos pasivos que realicen actividades de investigación y desarrollo y las pongan en el mercado, sin relación con discapacidad, podrán aplicar la deducción si se cumplen todos los requisitos, mientras aquellos que desarrollen estas mismas actividades y las pongan en el mercado, pero relacionadas con la discapacidad, no podrían aplicarla.

Sin duda, es una discriminación carente de fundamento y que provoca una desigualdad innecesaria y disuasoria, por lo que se estima conveniente su eliminación del texto del citado artículo.

  • Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad: eliminación de la incompatibilidad con la libertad de amortización con creación de empleo.

La deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad se ha ido mejorando de forma muy significativa.

No obstante lo anterior, con el objeto de dotar de la máxima eficacia desde el punto de vista del contribuyente a este incentivo, y teniendo en cuenta que las empresas de reducida dimensión son grandes creadores de empleo, se considera oportuno la eliminación de la incompatibilidad de la libertad de amortización con la creación de empleo, regulada en el artículo 102 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades -libertad de amortización prevista para empresas de reducida dimensión.

  • Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad: aplicación sin límite sobre la cuota.

Como se ha señalado en el punto anterior, la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad se ha mejorado de forma muy significativa.

No obstante lo anterior, y con el objeto de dotar de la máxima eficacia desde el punto de vista del contribuyente a este incentivo, se estima conveniente que su aplicación pueda ser íntegra y por tanto sin límite sobre la cuota.

  • Reintroducción de la deducción en gastos e inversiones realizados para habituar a los empleados en el uso de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en caso de trabajadores con discapacidad.

El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y la accesibilidad a los servicios que ofrece el mundo digital, se viene configurando como uno de los pilares básicos de la inclusión en la sociedad, máxime en un momento de profunda transformación no solo de las relaciones personales, sino de las formas de trabajar (trabajo a distancia, teletrabajo), y de relacionarse en el ámbito de los negocios y con las diversas Administraciones, que en estos momentos están abordando una profunda transformación y realizando esfuerzos en este campo.

Por ello que resultaría muy conveniente la reintroducción de la deducción de gastos e inversiones realizados para habituar a los empleados en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, en caso de que estos empleados sean personas con discapacidad.

  • Reintroducción de la deducción por las inversiones en plataformas de acceso para personas con discapacidad o en anclajes de fijación de sillas de ruedas que se incorporen a vehículos de transporte público de viajeros por carretera.

La movilidad resulta uno de los elementos clave para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

Así, el antiguo artículo 38 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades contemplaba una deducción favorecedora para aquellos contribuyentes que abordaban gastos derivados de la adaptación de vehículos para personas con discapacidad. Esta deducción, que fue derogada al hilo de la derogación gradual de las deducciones del Impuesto sobre Sociedades a raíz de la aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, era sin duda un incentivo para la realización de este tipo de adaptaciones tan necesaria para el colectivo de personas con discapacidad.

Por ello, este incentivo sería un acicate a la inversión de las empresas en este tipo de dispositivos, por lo que resultaría muy adecuada su reincorporación a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre.

  • Reintroducción de la deducción por aportaciones realizadas a favor de patrimonios protegidos de los trabajadores.

El antiguo artículo 43 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, contemplaba una deducción de la cuota íntegra del 10 % de las aportaciones realizadas a favor de patrimonios protegidos de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros o de sus parientes en línea directa o colateral, hasta el tercer grado inclusive, de sus cónyuges o de las personas a cargo de dichos trabajadores en régimen de tutela o acogimiento regulados en la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad (Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la normativa tributaria con esta finalidad).

Así, la reintroducción de esta deducción que se derogó progresivamente, con el fin de incentivar a los empresarios a colaborar con el sostenimiento futuro de las personas con discapacidad, ayudaría a que los costes públicos futuros de atención fueran menores, máxime dado el rápido proceso de prolongación de la vida de la población y las nuevas necesidades que se están poniendo de manifiesto.

Sin duda esta deducción contribuiría a la incentivación de la colaboración público-privada, tan necesaria en momentos como el actual.

  • Introducción de una nueva deducción para incentivar las obras de adecuación de los puestos de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.

La inserción laboral de las personas con discapacidad ha de ser uno de los pilares básicos con los que cumplir el mandato dado por la Constitución en su artículo 49 -cuyo último fin es favorecer la plena inclusión de este sector en todos los ámbitos de la sociedad-, más aún si se tiene en cuenta el alto nivel de desempleo que existe en estos momentos de crisis económica.

Por ello, la introducción de una deducción -que incentiva las obras de adecuación para facilitar a las personas con discapacidad el acceso a su puesto de trabajo- se configura como un incentivo adecuado para coadyuvar a los empresarios a adaptar sus instalaciones comunes y los puestos de trabajo y entornos laborales a las situaciones de discapacidad de sus trabajadores.

Por este motivo, la introducción de una nueva deducción incentivaría estas obras y actuaciones de adecuación, lo cual sería asimismo un incentivo a la realización de inversiones por parte de los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

  • Bonificación en la cuota del Impuesto sobre Sociedades para empresas de Inclusión-Discapacidad.

Con el fin de aliviar de carga tributaria a aquellas empresas mercantiles que abogan por una inserción laboral de personas con discapacidad, se considera conveniente la introducción de una nueva bonificación en la cuota del Impuesto sobre Sociedades del 95 %.

La bonificación iría dirigida a empresas que tengan una plantilla compuesta en más de un 50 por ciento por personas con discapacidad, y que reinviertan todas las rentas obtenidas en las actividades, salvo que estén participadas, directa o indirectamente en más del 50 por ciento, por una o más por entidades sin ánimo de lucro a las que les sea de aplicación lo previsto en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en cuyo caso sería posible la distribución de beneficios a sus partícipes, tanto directos como indirectos, en la medida en que éstos se dediquen a la integración socio-laboral de personas con discapacidad y destinen estas rentas exclusivamente a proyectos de integración socio-laboral de las personas con discapacidad.

Esta idea es reflejo de lo que ya sucede en el ámbito de las cooperativas, ya que según lo previsto en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas se establece un sistema de bonificación en la cuota del 95 por ciento con determinadas condiciones, para aquellas Cooperativas de Trabajo Asociado fiscalmente protegidas que integren, al menos, un 50 por 100 de socios que sean personas con discapacidad.

  • Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

En lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, la capacidad de proponer mejoras en la fiscalidad de las personas con discapacidad se ve limitada por la armonización comunitaria de este tributo, por lo que las acciones que consideramos que se podrían llevar a cabo en el IVA con el fin de mejorar la situación de las personas con discapacidad, podrían estar en el ámbito de las siguientes, parcialmente orientadas a la mejora de la seguridad jurídica en la aplicación del Impuesto:

  • Rehabilitación y reparación en edificios o partes de los mismos relativas a viviendas, con el fin de facilitar el desenvolvimiento digno y adecuado de las personas con discapacidad: Artículo 91. 2.1º:

El acceso a la vivienda por parte de personas con discapacidad es una de las cuestiones que desde el punto de vista social, y en cumplimiento del mandato previsto en el texto constitucional, ha de impulsar preferentemente el Legislador.

Por ello, consideramos que las obras de rehabilitación y adecuación en la vivienda habitual, incluidos los elementos comunes del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pública, y necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial, comunicacional y cognitiva realizadas con el fin de facilitar el desenvolvimiento digno y adecuado de las personas con discapacidad, han de ser especialmente incentivadas.

De esta manera, y a pesar de las modificaciones legales realizadas en la Ley de Propiedad Horizontal, subsisten déficits de normativa que dificultan que personas con discapacidad  puedan entrar y salir en igualdad de condiciones con sus vecinos de sus hogares, ya que hay comunidades de propietarios que no sufragan el coste de las reformas que requieren muchos edificios para eliminar las barreras (arquitectónicas, comunicacionales, cognitivas, etc.), por lo que la adaptación de las viviendas a las situaciones de discapacidad sigue siendo una cuestión pendiente.

Así, la tributación de las ejecuciones de obra de renovación, rehabilitación y reparación realizadas en edificios o partes de los mismos relativas a viviendas, con el fin de facilitar el desenvolvimiento digno y adecuado de las personas con discapacidad, al tipo reducido del 4 por ciento, sería especialmente relevante para las personas con discapacidad, ya que contribuye a minorar la carga económica derivada de la necesaria adaptación de las viviendas a las situaciones de discapacidad de los que viven en ella, por lo que se solicita la reducción del tipo actualmente aplicable.

Esta medida contribuiría sin duda a que las personas con discapacidad cuenten con más posibilidades de acceder a una vivienda debidamente adaptada a sus necesidades.

  • Extensión de la aplicación del tipo reducido y superreducido a la reparación de los bienes relacionados con la discapacidad a los que se apliquen los tipos superreducidos.

El artículo 91.Dos.2.1º de la LIVA prevé la posibilidad de aplicar el tipo superreducido del 4 por ciento a los servicios de reparación de determinados vehículos dedicados al transporte de personas con discapacidad, y a las sillas de ruedas para personas con discapacidad (ambos productos con derecho a aplicar el citado tipo superreducido).

En este sentido, consideramos que sería deseable que se pudiera extender la aplicación del tipo reducido y superreducido a la reparación de los bienes relacionados con la discapacidad a los que se apliquen los citados tipos.

  • Consideraciones relativas al favorecimiento de una cultura accesible a las personas con discapacidad visual y auditiva: artículo 91. Dos.1. 2º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre

La redacción del artículo 91. Dos.1 2º recoge que se aplicará el tipo del 4 por ciento a los libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la consideración de servicios prestados por vía electrónica.

En este sentido, en paralelo con el tratamiento de los servicios prestados por vía electrónica, entendemos que también hay que incentivar el uso de las nuevas tecnologías para dar accesibilidad a la información y cultura, como máxima expresión de su inclusión en la sociedad, a las personas con discapacidad visual y auditiva.

No cabe duda de que las personas con discapacidad visual y auditiva encuentran aún importantes barreras en la participación en la cultura, por lo que se hace necesario fomentar el acceso de dichas personas con discapacidad a la lectura, promoviéndose los recursos de apoyo necesarios.

Por ello, consideramos conveniente la inclusión en el artículo de aquellos aparatos e instrumentos que hagan accesible y que, por tanto, posibiliten la lectura de dichos libros, periódicos y revistas por parte de las personas con discapacidad visual y auditiva, tales como lupas electrónicas, reproductores o lectores, entre otros.

Y es que el uso de las nuevas tecnologías con el objeto de facilitar un modelo accesible a diferentes tipos de productos ha de configurarse como uno de los pilares básicos de la inclusión en la sociedad las personas con discapacidad, por lo que resulta evidente que desde los Poderes Públicos ha de incentivarse la transformación y la realización de esfuerzos en este campo.

  • Cambios en la redacción del artículo 91.Uno.6 c) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del IVA: aclaración en la norma.

El artículo 91.Uno.1.6ª c) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, establece la tributación a tipo reducido de los equipos médicos, aparatos y demás instrumental, relacionados en el apartado octavo del Anexo de la Ley, que por sus características objetivas, estén diseñados para aliviar o tratar deficiencias, para “uso personal y exclusivo” de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.

La interpretación de lo que deba entenderse por “uso personal y exclusivo” viene generando una gran incertidumbre jurídica y efectos restrictivos probablemente no deseados por el legislador comunitario.

Por ello, en relación con la mención al uso personal y exclusivo, y atendiendo a la finalidad lógica de la norma, se considera conveniente, y con el objeto de evitar una interpretación excesivamente literal y restrictiva del texto legal que la aleje de sus fines, que se entienda cumplido el requisito de “uso personal y exclusivocuando el producto resulte imprescindible como complemento de la deficiencia/discapacidad de la persona y siempre que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, conforme a lo previsto en el artículo 72 del Reglamento del Impuesto sobre las Personas Físicas, lo cual resulta coherente con las soluciones ya contempladas en el ordenamiento para otros beneficios fiscales de la discapacidad.

Y es que la práctica ha venido demostrando que, en no pocas ocasiones y en determinados productos, se hace complejo determinar su tributación, lo que está generando muchas dudas, tanto en las empresas que los importan y comercializan como en los propios usuarios, e incluso en alguna Administración Tributaria.

Dicha inseguridad jurídica se vería reducida considerablemente con la aclaración que se sugiere.

  • Cambios en la redacción del apartado octavo del Anexo de la Ley: aclaración en la norma e inclusión de componentes y accesorios.

Hay que aclarar que, en relación con la mención al uso personal y exclusivo, y atendiendo a la finalidad lógica de la norma y con el objeto de evitar una interpretación excesivamente literal y restrictiva del texto legal que la aleje de sus fines, se entendería cumplido el requisito de “uso personal y exclusivo” cuando el producto resulte imprescindible como complemento de la deficiencia/discapacidad de la persona y siempre que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, conforme a lo previsto en el artículo 72 del Reglamento del Impuesto sobre las Personas Físicas, lo cual resulta coherente con las soluciones ya contempladas en el ordenamiento para otros beneficios fiscales de la discapacidad.

Por otro lado, l artículo 91.Uno.1.6º.c) señala en su último inciso que dentro de los equipos médicos, aparatos y demás instrumental que se relacionan en el apartado octavo del Anexo de la ley, no se incluyen otros accesorios, recambios y piezas de repuesto.

Sin embargo, no puede compartirse esta exclusión, ya que estos accesorios, recambios y piezas de repuesto son fundamentales para un correcto uso de los equipos médicos, aparatos y demás instrumental, por lo que, a nuestro juicio, la tributación de los mismos ha de ser similar ya que responden a la misma finalidad –la especial consideración a la situación de las personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.

A mayor abundamiento, en el citado apartado octavo sí se incluyen los componentes y accesorios en el subapartado quinto, relativo a prótésis, órtesis, ortoprótesis e implantes quirúrgicos.

Esta diferenciación en la inclusión, o no, de los accesorios, dependiendo del bien del apartado octavo del Anexo de la ley que se trate, no parece responder a justicia tributaria alguna.

Por ello, y desde el punto de vista de los productos relacionados con las personas con deficiencia visual o auditiva, se considera procedente esta inclusión de componentes y accesorios, en aras a dar coherencia al tratamiento en el Impuesto sobre el Valor Añadido y evitar interpretaciones contradictorias, haciendo así extensiva a los componentes y accesorios dicha tributación.

  • Punto octavo del Anexo: inclusión de bastones blancos, y bastones rojo y blanco, así como sus accesorios, recambios y piezas de repuesto.

A pesar de que la Dirección General de Tributos ya ha resuelto, a través de la Consulta Vinculante de fecha 20 de enero de 2015 (V0185-15), que “se aplica el tipo impositivo reducido del 10 por ciento a los equipos médicos, aparatos y demás instrumental, destinados a compensar un defecto o una incapacidad, que estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas con deficiencia visual y auditiva, entre los que cabe incluir los bastones blancos para ciegos (…)”, sugerimos la introducción en el texto del Anexo, y en concreto en el apartado dedicado a las sillas terapéuticas y de ruedas, cojines antiescaras, etc., de una mención expresa a los bastones blancos, y bastones rojo y blanco, respectivamente, de movilidad para personas ciegas y para personas sordociegas.

De la misma manera, consideramos procedente, en aras a la coherencia del tratamiento de estos productos en el Impuesto sobre el Valor Añadido, que se incluyan sus accesorios, recambios y piezas de repuesto.

  • Punto octavo del Anexo: inclusión de componentes y accesorios.

A nuestro juicio, la inclusión de componentes y accesorios en los productos relacionados con la discapacidad daría coherencia al tratamiento en el Impuesto sobre el Valor Añadido y evitaría interpretaciones contradictorias, por lo que consideramos que debería hacerse extensiva a éstos.

  • Punto octavo del Anexo, productos de apoyo diseñados para uso personal y exclusivo de personas con deficiencia física, mental, intelectual o sensorial: aclaración en la norma y consideración de la lista como no cerrada.

Se impone aclarar que, en relación con la mención al uso personal y exclusivo, y atendiendo a la finalidad lógica de la norma y con el objeto de evitar una interpretación excesivamente literal y restrictiva del texto legal que la aleje de sus fines, se entendería cumplido el requisito de “uso personal y exclusivo” cuando el producto resulte imprescindible como complemento de la deficiencia/discapacidad de la persona y siempre que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, conforme a lo previsto en el artículo 72 del Reglamento del Impuesto sobre las Personas Físicas, lo cual resulta coherente con las soluciones ya contempladas en el ordenamiento para otros beneficios fiscales de la discapacidad.

Asimismo, dada la gran variedad de productos básicos e imprescindible para este grupo que puede haber, y que son necesarios para el desenvolvimiento digno en el día a día de estas personas, consideramos que el listado no debería tener carácter cerrado, sino abierto.

Y es que en el listado se echan en falta estimuladores sensoriales, programas (“software”), aplicaciones y soportes para facilitar la comunicación y productos para la adaptación del puesto de trabajo, entre otros.

Por ello, con el fin de no dejar a un lado ningún producto que pueda contribuir a paliar cualquier deficiencia y promover la autonomía de la persona con discapacidad, se considera conveniente que el listado tenga carácter abierto.

  • Apartado octavo del Anexo de la Ley: Prótesis, ortesis: inclusión de mención normativa y prótesis externas auditivas de conducción ósea.

El punto octavo del Anexo de la Ley incluye expresamente un apartado relativo a prótesis, órtesis, ortoprótesis e implantes quirúrgicos, en particular los previstos en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

En relación con la normativa señalada, y con la mención genérica al procedimiento para su actualización, cabe señalar la conveniencia, en aras a dotar de seguridad jurídica al precepto, de incluir una mención expresa al Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica.

Asimismo, con la misma argumentación, esto es, dotar de seguridad jurídica al precepto, se considera oportuno la inclusión de una mención expresa a las prótesis externas auditivas de conducción ósea.

(iv) Tributación Local

Estos impuestos deberían haber seguido la evolución del ordenamiento tributario español, para tener en cuenta la afectación que la discapacidad produce en la capacidad económica de los contribuyentes que la presentan y facilitar, asimismo, su inserción en el mercado laboral, la accesibilidad al medio social y la participación plena en la vida ordinaria. No obstante, resulta llamativo el vacío existente en las normas sobre tributación local acerca de la discapacidad y de la menor capacidad económica que esta conlleva.

De esta manera, a nuestro juicio, debería subsanarse la anomalía existente en los impuestos locales, conforme a los principios de amparo en el disfrute de los derechos, y de justicia y capacidad económica en la configuración del sistema tributario, tal y como recogen los artículos 31 y 49 de la Constitución Española.

Las cuestiones pendientes son muy numerosas, por lo que nos limitamos a la enumeración de las que consideramos más sensibles:

  • INCORPORACIÓN DEL CONCEPTO DE PERSONA CON DISCAPACIDAD

Ante la falta de definición del concepto de persona con discapacidad que se desprende de la lectura del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sería muy útil la introducción de una definición precisa del concepto de persona con discapacidad en línea con lo previsto ya en el IRPF. 

  • IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Del análisis de la regulación actual, puede comprobarse que no existe en este impuesto ningún incentivo dirigido específicamente a las personas con discapacidad.

No obstante, consideramos que ha de proponerse la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para aquellos inmuebles que tengan como destino específico la habitación o vivienda de personas con discapacidad, y que reúnan determinados requisitos que faciliten, desde un punto de vista objetivo, el desenvolvimiento digno, accesible y adecuado de las personas con discapacidad.

  • IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ha permanecido ajeno a la consideración de las consecuencias tributarias de la discapacidad, siendo así que su hecho imponible opera en paralelo muchas veces con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el gravamen de transmisiones patrimoniales que involucran situaciones de discapacidad.

Por tanto, resulta evidente que dicho impuesto no puede dejar de lado las consideraciones que se hacen de la discapacidad en el nivel tributario en otros ámbitos, siendo posible el establecimiento de determinados incentivos que puedan ayudar a paliar la carga tributaria que conlleva este en el supuesto de venta de inmuebles.

En el marco de la constitucionalización legislativa del IIVTNU, las organizaciones del sector han impulsado enmiendas en esta dirección. 

  • IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

En relación con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, hay que mencionar que la legislación vigente contempla la posibilidad de establecer una bonificación –potestativa de cada Ayuntamiento- de hasta el 90 % de la cuota tributaria para aquellas construcciones, instalaciones y obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad, dejándose a las respectivas ordenanzas fiscales la regulación de los aspectos sustantivos y formales de esta bonificación.

La redacción de la norma ha venido provocando disparidades en cuanto a su interpretación y requisitos en los diferentes Ayuntamientos, y por ello consideramos oportuno que se establezca la bonificación con carácter obligatorio para todos los Ayuntamientos.

  • TASAS

Las tasas se regulan con carácter genérico en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, según el artículo 24.4 del citado texto legal, para determinar su cuantía podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas, pero no hay referencia expresa a las situaciones de discapacidad, lo que ha generado un repertorio disperso de soluciones, bastante discrecional o incluso arbitrario.

La corrección de esta situación debería ser prioridad de una política legislativa comprometida con la igualdad y la plena inclusión de las personas con discapacidad.

(v) El patrimonio protegido de las personas con discapacidad.

A pesar de que ya hemos mencionado, en el lugar pertinente, parte de las cuestiones pendientes relativas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, consideramos oportuno refundir en un apartado separado las líneas generales de su adecuación a lo que esta figura representa en la legislación civil.

  • Constitución del Patrimonio Protegido:

Se propone declarar la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sin límite de los rendimientos del trabajo que provengan de las aportaciones realizadas, así como la eliminación de la prohibición de aportar bienes y/o derechos afectos a actividades económicas y de la prohibición de que la propia persona con discapacidad realice aportaciones a su patrimonio protegido.

Asimismo, se propone la ampliación del ámbito de contribuyentes con derecho a practicar reducciones en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la reintroducción de la deducción que se contemplaba en el Impuesto sobre Sociedades para los empresarios que realicen aportaciones a los patrimonios protegidos de sus trabajadores, y/o familiares de éstos, y la exención en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de las aportaciones realizadas a los patrimonios protegidos.

  • Funcionamiento del patrimonio protegido:

Se propone declarar la exención de las rentas generadas por los patrimonios hasta tanto se destinen a la satisfacción de las necesidades vitales de las personas con discapacidad, así como la exención en la obligación de retener sobre los rendimientos que se generen.

A su vez, se propone la exención de los inmuebles aportados en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la exención a efectos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de la transmisión de los inmuebles, siempre que tengan como fin la satisfacción de las necesidades vitales de las personas con discapacidad, o cuyos frutos tengan como destino la masa patrimonial que forma el patrimonio protegido.

  • Disposiciones de bienes y/o derechos aportados al patrimonio protegido:

Consideración de las rentas obtenidas por las disposiciones de bienes y derechos para atender las necesidades vitales de las personas con discapacidad como rendimientos del capital mobiliario con derecho a tributar en la base imponible del ahorro y con una reducción que objetivamente pueda entenderse destinada necesariamente a la cobertura de las necesidades vitales de una persona con discapacidad. (se ha estimado que unos 40.000 euros serían suficientes).

  • Extinción del patrimonio protegido:

Se propone que las variaciones que se pongan de manifiesto en el patrimonio de las personas con discapacidad tengan la consideración de ganancia patrimonial, incluyéndose en la base imponible del ahorro.