CERMI Mujeres pide garantizar un marco jurídico y político “más sólido” que reconozca los riesgos de la violencia a la que se enfrentan mujeres y niñas con discapacidad

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  • Durante la participación de la entidad en el III Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad que se está celebrando estos días en Granada

(Madrid, 25 de noviembre de 2021).– La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha pedido que se construya y se garantice un marco jurídico y político “más sólido” que reconozca los riesgos de la violencia a la que se enfrentan mujeres y niñas con discapacidad.

Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la FCM, durante su intervención en el conversatorio jurídico ‘Violencia contra las mujeres: Respuestas jurídicas a la interseccionalidad de género y discapacidad’, enmarcado dentro del III Congreso Nacional de Derecho de la DiscapacidadAsí lo ha manifestado la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Ana Peláez, durante su intervención en el conversatorio jurídico ‘Violencia contra las mujeres: Respuestas jurídicas a la interseccionalidad de género y discapacidad’, enmarcado dentro del III Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad que ha organizado el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad y que se está celebrando estos días en Granada.

El encuentro ha contado también con la participación del profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada, Miguel Lorente y la comisionada de CERMIS autonómicos, Teresa Palahí. De esta manera, Peláez ha hecho referencia a la “clara y creciente alarma social e institucional de la prevalencia de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad”.

Por ello, ha reivindicado que las leyes, políticas y programas para combatir la violencia tengan en cuenta su situación específica porque “rara vez la abordan”. “No existen datos desagregados por sexo, edad y discapacidad, así como otros indicadores relevantes como la orientación, la identidad de género o la nacional que permitirían comprender cuál es la magnitud de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad”, ha lamentado.

Asimismo, ha recordado la situación que la pandemia ha provocado en las mujeres y niñas con discapacidad. Concretamente, se ha referido al aislamiento de las mujeres con discapacidad institucionalizadas que ha sido “mucho mayor que el que ha tenido el resto de población”.

Por otro lado, ha resaltado los “desafíos” para acceder a la justicia. “Las mujeres con discapacidad se enfrentan a grandes obstáculos y a estereotipos que se lo impiden y no existen ajustes razonables ni procesales y no hay provisión de recursos legales, lo que conlleva que las mujeres con discapacidad no cuentan con la información necesaria que les permita testificar y denunciar”, recalcó Peláez.

Durante su intervención, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres también ha hecho alusión a las diez orientaciones recientemente publicadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Así, de entre estas medidas destaca la adaptación de un marco jurídico normativo claro para combatir la violencia y asegurar la participación de las mujeres y niñas con discapacidad en el diseño de cualquier estrategia que se haga para prevenir la violencia y garantizar el acceso a la justicia. De la misma manera, ha apostado por incorporar la perspectiva de género en la legislación en políticas del ámbito de la discapacidad; reconocer e incluir situaciones de mujeres y niñas con discapacidad en la legislación sobre violencia contra mujeres en general; adoptar medidas para cambiar las percepciones y actitudes entre profesionales y familias en relación con las niñas discapacidad y especialmente hacer un llamamiento para que se forme a las familias y niñas sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Por otro lado, ha destacado la necesidad de eliminar estigmas y estereotipos de género y discapacidad que conducen a la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad; adoptar medidas para garantizar acceso a la justicia; garantizar que los actores de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad rindan cuentas; recopilar datos desagregados sobre discapacidad, género y sobre otras variables fundamentales en el ámbito de la violencia y ofrecer asistencia legal a las mujeres y niñas con discapacidad.