La Red PDI-Discapacidad

El Patronato de la Fundación Derecho y Discapacidad aprobó en su reunión del día 22 de noviembre de 2019 la iniciativa de crear laRed PDI-Discapacidad para el asesoramiento y apoyo para la incorporación de doctores con discapacidad como personal docente e investigador (PDI).

La integración plena de las personas con discapacidad requiere de medidas de acción positiva que garanticen su derecho a la igualdad de oportunidades y de trato. En el ámbito laboral, la reserva de plazas es la medida más importante para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al ámbito profesional.

La reserva de plazas para personas con discapacidad no es ninguna novedad en el ámbito del empleo público. Se ha consolidado en todas las oposiciones y procesos selectivos que convocan las administraciones públicas: tanto la estatal como la autonómica y la local.

Se aplica también en el ámbito judicial (jueces, fiscales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia) e igualmente en la selección de personal funcionario al servicio del Parlamento y de los distintos órganos constitucionales.

Sin embargo, las Universidades públicas no establecen una reserva de plazas para personas con discapacidad cuando seleccionan a su personal docente e investigador (PDI). Esto las convierte en una singularidad no justificada dentro del panorama del empleo público en España. La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece que debe lograrse de forma progresiva que el dos por ciento de los efectivos totales de cada Administración Pública sean personas con discapacidad.

Para alcanzar ese objetivo, la ley dispone que en cada Oferta de Empleo Público (OEP) se reserve un cupo no inferior al 7 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. Esta reserva del 7 por ciento se realizará de manera que, al menos, el 2 por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, y el restante 5 por ciento lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

El EBEP es aplicable a las Universidades públicas, como señala su art. 2.1.e). Sin embargo,prácticamente todas las Universidades realizan la reserva de plazas estipulada por la ley para personas con discapacidad en su oferta de empleo público para personal de Administración y Servicios (PAS), pero no en el ámbito del Personal Docente e Investigador (PDI).

A consecuencia de esta praxis, las Universidades españolas están lejos de cumplir con el objetivo de que un 2% de su personal PDI sean personas con discapacidad.

El IV Estudio “Universidad y Discapacidad” de la Fundación Universia (año 2018), arroja las siguientes cifras. El personal de Administración y Servicios con discapacidad representa el 2,5% del total, mientras que entre el personal docente e investigador (PDI) el porcentaje se reduce al 0,9%. Incluso las Universidades privadas, con un porcentaje PDI del 1,0%, son más inclusivas que las Universidades públicas, en las cuales sólo el 0,9 % del personal PDI son personas con discapacidad.

La CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) aprobó el 9 de mayo de 2017 un documento de recomendaciones para el establecimiento de una reserva de plazas de personal docente e investigador a favor de las personas con discapacidad. La recomendación se dirigió a las 76 Universidades que integran la CRUE con objeto de que también en el ámbito PDI se alcance la proporción de personas con discapacidad establecida por ley. Se recomendó el establecimiento de un procedimiento de reserva de plazas para el acceso a la función docente e investigadora, que debe ser del 5% de las plazas ofertadas (excluido el tramo del 2% de discapacidad intelectual), en aplicación del EBEP como marco normativo básico de obligado cumplimiento.

Con ello, la Universidad no haría más que equipararse a lo que ya se hace para seleccionar personal investigador con destino en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y en los demás Organismos Públicos de Investigación (OPIS). Se reservan plazas para quienes tengan discapacidad con un grado igual o superior al 33 % en los procesos selectivos de la Escala de Científicos Titulares, en la Escala de Investigadores Científicos, y en la Escala de Profesores de Investigación, todas ellas de los Organismos Públicos de Investigación.

La reserva de plazas en el ámbito docente e investigador de las Universidades es una demanda que el movimiento social de la discapacidad impulsa de manera decidida.

España cuenta con numerosas universidades: la CRUE integra a 50 públicas y 26 privadas.

Cada Universidad pública, en virtud de su propia autonomía, debe establecer una reserva de plazas PDI de, al menos, el 5% de las que se convoquen.

En cuanto a las Universidades privadas, están obligadas también a alcanzar el objetivo de que, al menos, el 2 por ciento de su personal PDI sean personas con discapacidad. Así se desprende del art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

La Red PDI-Discapacidad, que estará alojada en la página web de la Fundación Derecho y Discapacidad, tendrá como función la de asesorar y apoyar, de forma tanto colectiva como individual o singular, a las personas con discapacidad, doctores o doctorandos, que pretendan incorporarse como personal docente e investigador.

 

Objetivos de la Red PDI-Discapacidad:

  • Promover acciones de sensibilización dirigidas a los órganos de gobierno de las Universidades y a los responsables públicos del sistema universitario.
  • Promover la constitución de redes de alianzas, dentro de la comunidad universitaria, científica e investigadora, que apoyen y promuevan la incorporación de doctores con discapacidad como personal PDI.
  • Suministrar información a los aspirantes a ser PDI con discapacidad, que se dirijan a nosotros directamente o que captemos mediante búsquedas en red, para orientarles y asesorarles en esta materia, tanto en la petición de la aplicación de la reserva, como en su caso, en las ulteriores reclamaciones o recursos a que hubiera lugar.
  • Propiciar la elaboración de una base de asociados de la red, tanto de PDI con discapacidad que ya han conseguido su objetivo docente (como muestra de buenas prácticas), como otros profesores sin discapacidad que solidariamente colaboran en este objetivo en sus respectivos ámbitos.
  • Articular un sistema de apoyos político institucionales solicitando su intervención cuando proceda a los CERMIS autonómicos, y demás entes del activismo social pro discapacidad.
  • Sensibilizar a los rectores y rectoras y miembros de sus equipos competentes en esta materia para que apliquen la cuota de reserva y otras medidas de acción positiva, haciendo llegar nuestra voz de forma directa o indirecta a las consejerías de educación de las CCAA y al área correspondiente de la CRUE.

La Red PDI-Discapacidad, integrada en la Fundación Derecho y Discapacidad, estará dirigida por los patronos de la Fundación Rafael de Lorenzo García y Luis Pedro Villameriel Presencio.

Si desea más información, póngase en contacto con la Red PDI-Discapacidad