El CERMI exige a las universidades que cumplan con la cuota de reserva de discapacidad en el personal docente e investigador

(Madrid, 16 de septiembre 2022). – El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado el incumplimiento sistemático e impune de la normativa de reserva de empleo en favor de personas con discapacidad en el personal docente e investigador (PDI) en las universidades españolas.

Así consta en una noticia publicada en el boletín 495 del ‘cermi.es semanal’, en la que se resumen los resultados de un estudio promovido por la Fundación Derecho y Discapacidad, en colaboración con Fundación ONCE y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El informe revela que el PDI con discapacidad apenas supone un 0,6 % en la universidad pública y un 0,2 % en la privada, lo que supone “un incumplimiento claro y continuado” del Estatuto Básico del Empleado Público de 2015 que establece la obligación de reservar el 7 % de las plazas en las ofertas de empleo por parte de las administraciones públicas a este grupo, hasta lograr que al menos el 2 % de la plantilla sean personas con discapacidad. De hecho, sólo dos de las universidades analizadas incorporaron un 2 % de reserva en los procesos de contratación temporal.

Del mismo modo, la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad contempla que las empresas privadas de más de 50 empleados han de reservar un 2 % de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad, “algo que está muy lejos de suceder en la universidad privada”, denuncia el CERMI.

En esta edición del boletín se informa también de que el CERMI saluda la aprobación muy próxima del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad, que finalmente verá la luz tras más de diez años de trabajos preparatorios, sustituyendo al vigente, que data de 1999 y que había quedado desfasado a la luz del modelo social de entender la discapacidad al que obliga la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Por otra parte, en este boletín 495 se publica una nota sobre la presentación de la Investigación titulada ‘Investigación ‘El suicidio en las personas con discapacidad en España’ llevada a cabo por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED). En ella se concluye que el suicidio obedece a factores de riesgo multicausales, en distintos ámbitos (sociales, comunitarios, individuales), que tienen mayor incidencia entre las personas con discapacidad, sobre todo, en los casos de discapacidad por trastorno mental, insuficiencia renal, lesión cerebral y discapacidad física.

Asimismo, este semanal del CERMI también anuncia la elaboración de un informe sobre los contenidos de discapacidad de la nueva Ley de Ciencia (ley 17/2022), por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Por otro lado, se incluye una nota sobre la reunión mensual de los 19 CERMIS Autonómicos mantenida el pasado miércoles, en la que han denunciado el deterioro progresivo del servicio de taxi accesible, creados para favorecer la libertad de circulación de las personas con movilidad reducida.

También, se informa de que el CERMI ha reclamado al Congreso que actúe con celeridad para subsanar los problemas para las personas con discapacidad que presenta el hemiciclo de la cámara.

En esta edición del semanal también se incluye un reportaje sobre el plan de accesibilidad de las cortes de Castilla-La Mancha, además de una entrevista realizada al secretario general de CERMI La Rioja, Javier muñoz; y otra realizada por la Agencia Efe al presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.

Finalmente, este boletín informa de que el CERMI celebra la mejora de la protección penal de las víctimas de accidentes de tráfico que supone la modificación del Código Penal aprobada mediante la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, que entró en vigor ayer 15 de septiembre.